El consenso público sobre el rol que debe tener la ciencia en la toma de decisión de políticas públicas es cada vez mayor. Se asume que la evidencia científica es suficientemente fuerte para impulsar las políticas públicas que deben implementarse, evitando así negociaciones políticas no fundamentadas lógicamente. Políticas públicas basadas en evidencia ha pasado de ser un requerimiento técnico a un eslogan que promueve el bienestar social basado en la economía del conocimiento, posicionándose como uno de los principales modelos de la relación entre ciencia y política.
