Los vínculos sociales, el sentido de pertenencia y el bien común fueron las principales dimensiones que guiaron el análisis del Consejo Asesor para la Cohesión Social convocado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tras ocho meses de trabajo el organismo, que tuvo entre sus integrantes al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Eduardo Valenzuela (quien presidió la instancia), y el académico de la Escuela de Psicología UC, Roberto González, entregó sus resultados.
El estallido social de octubre de 2019 fue solo la punta del iceberg. Puso de manifiesto debilidades muy profundas en la percepción de equidad en el trato y disfrute de los derechos, en la justicia respecto de la distribución de la riqueza y el poder y, sobre todo, en la capacidad del Estado y las instituciones de dar respuesta a las necesidades de las personas.
Muy conscientes de esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia creó el “Consejo para la cohesión social”, con el objetivo de asesorar a esta cartera en crear un plan que fortalezca el aporte de la política social a la cohesión social en Chile. Una instancia que permita convertir a la cohesión social en una preocupación pública.
El Consejo, que se constituyó el 9 de enero de 2020, sesionando hasta septiembre de este año, fue presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Eduardo Valenzuela, y conformado por destacados académicos/as y líderes de la sociedad civil. Entre ellos, el académico de la Escuela de Psicología UC, Roberto González; Marcela Bravo, gerenta general de ACCIÓN Empresas; Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO-Chile y Fundación Vivienda; Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Annie Dufey, directora de Espacio Público; Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP); Raimundo Frei, investigador del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Pablo González, director del Centro Sistemas Públicos y profesor DII – U. Chile; Rodrigo Jordán, presidente Comunidad de Organizaciones Solidarias; Victoria Paz Macuca, gerenta de Sustentabilidad de Banco Estado; y Andrea Repetto, presidenta Fundación Superación de la Pobreza (FUSUPO) y académica UAI.
En una primera etapa, la labor de este Consejo consintió en identificar las distintas definiciones y dimensiones que conforman la cohesión social, para luego generar un diagnóstico y una serie de recomendaciones para fortalecerla. Se analizaron los principales indicadores que se han utilizado para medir la cohesión social y su evolución en el país, de modo de orientar los esfuerzos de cambios de la política pública en la materia. Un trabajo que se realizó en conjunto con las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, realizando reuniones periódicas con autoridades y diversos actores del mundo social y académico, para discutir los principales hallazgos. Resultados que fueron entregados en el informe final del Consejo, “Diagnóstico para una aproximación a la Cohesión Social en Chile y recomendaciones para fortalecer el aporte de la política social”.
En el informe, presentado ante el Presidente Sebastián Piñera, la Ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar, y el comité de ministros, el presidente del consejo asesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Eduardo Valenzuela, afirma que “sin cohesión social, los países pierden capacidades de desarrollo económico que se sustentan en la colaboración y el esfuerzo común, y deterioran su sentido de la solidaridad que permite distribuciones más equitativas de los bienes que se obtienen”.
Indicadores de la cohesión social
La cohesión social es un concepto multidimensional y complejo de medir. Salvo la existencia de indicadores para ciertas expresiones específicas, Chile aún no cuenta con un sistema de medición integral que dé cuenta de las distintas dimensiones que la componen.
Como explica el académico Roberto González, “este informe permite entender que el estallido social que tuvimos en octubre del año pasado, es la expresión de un malestar profundo. Hace visible lo invisible, considerando elementos que no le habíamos tomado mucha atención, como lo es la cohesión social”.
Para realizar este trabajo, se tomó como base el Social Cohesion Radar, comparación internacional realizada por la Fundación Bertelsmann en 2013. De los 57 indicadores originales, se adaptaron 44 a la realidad chilena.
Las dimensiones generales que guiaron el análisis son tres.
La primera es la calidad del vínculo social. Según Social Cohesion Radar, “una sociedad es cohesionada si los individuos poseen redes de apoyo, y si en las relaciones que se tejen entre individuos y grupos sociales se privilegia la confianza y el respeto a la diversidad”. Aquí se encuentran indicadores como las relaciones sociales, confianza entre las personas, trato digno y aceptación de la diversidad.
Luego está el sentido de pertenencia. Éste se refiere a la dimensión jerárquica o vertical de la cohesión, donde los indicadores seleccionados captan cómo las personas se identifican con su país, confían en las instituciones y perciben que existe justicia social. Aquí destacan elementos como identificación, confianza en las instituciones y percepción de justicia social.
Por último, se encuentra el foco en el bien común. En este ámbito se abarcan indicadores que permiten reflexionar sobre el grado de solidaridad que existe en una sociedad determinada, si las personas se orientan por reglas comunes y cuál es el nivel de la participación cívica. En este sentido, a la importancia de contar con redes resilientes, la confianza institucional y un sentido de justicia social, se suman las prácticas que fortalecen el bien común. Aquí se encuentran: solidaridad y ayuda, respeto por las reglas sociales y participación cívica.
¿Somos cohesionados en Chile?
Comencemos por las fortalezas. De acuerdo al informe, el 85% de las personas siente orgullo por la nacionalidad chilena y la mayoría se siente identificada con Chile. Orgullo e identificación nacional que constituyen pilares positivos de la cohesión social en Chile.
Respecto de la diversidad, un conjunto amplio de preguntas en encuestas de opinión pública muestra una alta cohesión en torno a las demandas de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. A pesar de este apoyo ciudadano, persiste un gran conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas en torno a las disputas de sus derechos y reconocimientos no resueltos.
En general, también resalta positivamente el aumento en los indicadores de respeto a la diversidad sexual. El 61% de las personas respondió estar de acuerdo o muy de acuerdo con que las parejas homosexuales deberían tener derecho a casarse, treinta puntos porcentuales más arriba de lo que sucedía en 2011. Si bien siguen existiendo diferencias importantes según posiciones religiosas, niveles educativos y edad, el aumento es transversal a todos los grupos sociales.
Otro aspecto que destaca es la alta aceptación a la población inmigrante, donde se constata una mayoría que valora su cultura y una minoría que considera que reducen las fuentes de trabajo de la población local. No obstante, esto varía significativamente según grupos socioeconómicos y territorios. En los sectores más pobres y en las regiones del norte, la percepción negativa aumenta de manera sustantiva. “Un desafío que tenemos como sociedad es establecer vínculos con quienes son distintos, sin que sea percibido como una amenaza. En la actualidad tenemos una mayor diversidad como país y ésa es una gran oportunidad de crecimiento”, explica González.
Sin embargo, en los últimos diez años, algunos vínculos sociales fundamentales para la cohesión social se han debilitado: las personas tienen menos amigos, cuentan con menos apoyo en caso de necesidad y un tercio de la población tiene una sola persona (o nadie) con quien hablar temas importantes.
Desde la recuperación de la democracia, la confianza interpersonal se ha mantenido baja; actualmente solo el 19% de la población confía en desconocidos. También existe un problema de respeto y dignidad en la interacción social. Alrededor del 40% de las personas ha tenido experiencias de malos tratos, que se atribuye principalmente al machismo y clasismo.
La confianza institucional ha sido baja desde mediados de la década de los noventa y ha caído dramáticamente durante los últimos diez años. Instituciones claves del orden político (Gobierno, partidos y congreso) no superan el 5% de confianza en 2019. Al mismo tiempo, las percepciones de injusticia social han aumentado en los últimos años, especialmente en torno a la salud y la educación. No se considera justo que el acceso a una buena salud y educación dependa de los ingresos.
Con respecto a los niveles de ingresos, existe un altísimo consenso respecto a que las diferencias son muy grandes en Chile (91% de la población). Las personas valoran el esfuerzo individual y consideran que el trabajo duro es muy importante para surgir en la vida (80%). No obstante, sólo el 31% de ellos percibe que su esfuerzo es bien recompensado. Esto se puede asociar a los bajos salarios en el mercado laboral así como al monto actual de las pensiones.
Por otra parte, cerca del 70% de las personas percibe que los gobiernos no consideran su opinión a la hora de diseñar sus programas y beneficios sociales.
Con respecto a la seguridad personal, un 42 % de los chilenos y chilenas en general manifiesta sentir temor a ser acosados sexualmente en sus trabajos, lugar donde estudian, o bien caminando en la calle de noche por sus barrios. Esta cifra crece dramáticamente en el caso de las mujeres (66% y 55% respectivamente). Para ellas, no se acata una regla fundamental de convivencia social y del bien común: respetar la integridad física y dignidad de las mujeres.
Solo un tercio de la población considera importante para la democracia ser activo en organizaciones sociales. Si bien han aumentado las movilizaciones sociales, solo un 36% de las personas participa en alguna organización social. Asimismo, desde el retorno a la democracia la participación electoral ha bajado dramáticamente, posicionando a Chile entre las democracias con menor participación electoral dentro de la OCDE y como el país donde la caída de la participación electoral ha sido más pronunciada en América Latina. Esta disminución ha ido acompañada de un bajo interés en la política y escasa identificación con los partidos políticos, en un contexto de baja asociatividad.
Hoja de ruta
Entre las recomendaciones que ofrece el Informe, de manera sintetizada, están:
- Visibilizar y seguir monitoreando las dimensiones de la cohesión social reportadas en este informe –calidad de los vínculos sociales, confianza institucional, percepción de justicia social, y orientaciones concretas hacia el bien común– con el fin de incorporar estas dimensiones a la discusión pública y al diseño de políticas.
- Fijar una agenda de corto, mediano y largo plazo para implementar medidas perentorias para revertir los bajos niveles de cohesión social en Chile. El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer programas que la favorezcan, cuidando que en su diseño, implementación y evaluación se fortalezca la confianza institucional, la percepción de justicia, el trato respetuoso, la construcción de redes entre ciudadanos y la promoción de la participación.
- Coordinar una política intersectorial, sistémica, que aborde y coordine las distintas políticas sociales. La baja cohesión social en el país requiere de un cambio profundo en el modo de trabajo de las políticas públicas en Chile.
- Incentivar distintas acciones de la sociedad civil, las empresas y otros actores que pueden impactar en los niveles de cohesión social.
“Este informe busca instalar una reflexión en torno a la cohesión social. Muestra cómo este problema está a la base de esta crisis social. Tenemos una tremenda oportunidad”, dice González, también investigador Mide UC, Coes y CIIR.
Como concluye el documento: “En menos de un año hemos vivido una crisis social, una pandemia y un escenario socioeconómico nunca visto en las últimas décadas. El impacto de estos , junto al probable inicio de un proceso constituyente dejan en evidencia que parte del futuro del país tiene a la base el fortalecimiento de la Cohesión Social. Por ello, ponemos a disposición este trabajo como insumo para la discusión y las definiciones en torno a una agenda pública que considere la cohesión social como un medio y un fin, para los desafíos que actualmente enfrentamos como país”.
Revisa y descarga el informe completo AQUÍ.
Texto: Nicole Saffie, Editora Web Home UC