Desde el 2008 los trastornos mentales y del comportamiento se posicionan en el primer puesto de licencias otorgadas en Chile, mientras que diversos estudios dan cuenta de altos índices de ansiedad y depresión. De hecho, la última entrega del Termómetro de la Salud Mental desarrollada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), muestra que un 33% de los chilenos entre 21 y 68 años manifiesta tener síntomas asociados a problemas de salud mental. A esto se suma que diversos estudios muestran una prevalencia de trastornos mentales del 38% en niños, niñas y adolescentes. Frente a este escenario, que es aún más preocupante considerando las consecuencias que va a dejar la pandemia, es que un grupo de expertas y expertos del MIDAP, entre los que se encuentran las profesoras Paula Errázuriz y Marcia Olhaberry, quiso relevar la urgencia de abordar esta temática de cara al nuevo proceso eleccionario.
Si hay algo que se puede rescatar de la llegada de la pandemia, es que ha colocado en evidencia el problema de la salud mental y la necesidad de abordarlo de manera urgente. En un país en que las cifras ya eran desfavorables, con más de un millón de personas sufriendo de ansiedad y cerca de 850 mil personas con depresión, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado el año 2017, las consecuencias del Covid-19 en la población pueden ser aún peores.
Por ello, y frente a la proximidad de las elecciones presidenciales, un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), entre las que se encuentran las profesoras Paula Errázuriz y Marcia Olhaberry, quiso relevar la urgencia de abordar esta temática, y envió una carta abierta a los candidatos/as, considerando que pese a las alarmantes cifras, el presupuesto fiscal destinado a salud mental apenas supera el 2% del presupuesto de Salud. Recursos que, por supuesto, están lejos del 5% que se propuso como meta en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de los períodos 2000-2010 y 2015-2025.
Si en países de medianos ingresos la cobertura de atención en salud mental llega a un 50%, en Chile la cifra apenas llega a un 20%. Solo cinco de las 85 patologías de salud cubiertas por el Plan AUGES/GES corresponde a patologías neuropsiquiátricas (depresión, esquizofrenia, consumo de sustancias, trastorno afectivo bipolar y demencias). Y a esto se suma que, de acuerdo al Plan de Acción de Salud Mental 2019-2025 del Ministerio de Salud, faltan 921 médicos psiquiatras, y 421 psicólogos/as, trabajadores/as sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros/as para atención ambulatoria adulto e infanto-adolescente.
¿Por qué esa diferencia con el resto de las patologías? Para la profesora Paula Errázuriz esto tiene que ver, en parte, con el estigma que cargan las enfermedades relacionadas con la salud mental. “La gente muy pocas veces habla sobre salud mental, porque muchas veces son enfermedades más silenciosas y menos vistosas que las enfermedades físicas. Entonces hay mucho desconocimiento, porque hay un costo gigante. Y no estoy hablando solo del sufrimiento de pacientes y sus familias, sino que del perjuicio económico que trae para el país. No hay mucha consciencia de aquello”. Opinión que coincide con las de la profesora Marcia Olhaberry, quien explica que las sociedades con mayor cargo de trastornos de salud mental disminuyen su productividad. “Habitualmente presentan un mayor número de licencias médicas que terminan siendo una causa importante de discapacidad laboral, en términos de personas que no pueden generar ingresos. Por lo mismo, esto implica pérdida de fondos que hay que asignar a apoyar a estas personas que no han podido insertarse laboralmente”.
¿Cuál es el costo de no invertir en salud mental? Algunos estudios internacionales señalan que la depresión generaría un costo mayor en el gasto total de manejo de la enfermedad que el cáncer. Esto porque, a diferencia de otras condiciones médicas, los costos indirectos asociados a las enfermedades de salud mental y abuso de sustancias igualan o exceden los costos directos del tratamiento. Costos indirectos que incluyen el gasto gubernamental en vivienda, bienestar, educación y justicia, además de aquellos vinculados a la pérdida de productividad de las personas
A eso se suma, tal como quedó expuesto en la columna de opinión escrita por las profesoras junto a otras investigadoras e investigadores del Midap, que las condiciones neuropsiquiátricas, como trastornos depresivos unipolares y bipolares, esquizofrenia, dependencia y consumo de alcohol y drogas ilícitas, trastornos ansiosos, epilepsia, demencias, Parkinson, migraña, parálisis cerebral infantil y síndrome de déficit atencional del niño, son el subgrupo de enfermedades que en Chile implica más años de vida saludables perdidos por discapacidad (AVISA), abarcando el 23,2% de los AVISA perdidos en nuestro país.
Por eso, dicen las expertas, es necesario abordar el tema de la salud mental no solo desde la perspectiva de la enfermedad o la ausencia de ella. “Es importante que todas las políticas públicas consideren el impacto que tiene la salud mental. Considerarla cuando se está hablando de vivienda, de educación, de trabajo femenino, de transporte… casi cualquier dimensión que veamos de la vida social tiene un impacto en la salud mental y es importante tener eso en consideración cuando se toman decisiones”, dice la profesora Paula Errázuriz.
Asegurar el acceso
En cuanto a las líneas de acción que debería tomar un futuro gobierno en términos de salud mental, por supuesto las necesidades son múltiples. Sin embargo, aumentar la inversión, al menos al 5% que se propuso como meta de crecimiento en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de los períodos 2000-2010 y 2015-2025 es algo fundamental. “Sabemos que el acceso es parcial. Que de todas las personas que requieren atención son pocas las que efectivamente la reciben. Por eso, lo primero sería inyectar recursos y entender que invertir en salud mental implica proteger derechos básicos de las personas. Tener claro que es más barato, para cualquier Gobierno, prevenir y tratar oportunamente las enfermedades que esperar a que estas se cronifiquen. Tener un acceso equitativo que debería partir desde la niñez. Es una decisión financiera, porque se pueden desarrollar muchas ideas valiosas e interesantes, pero si no hay presupuesto, no se pueden llevar a cabo. Se necesita una atención que esté financiada con fondos públicos, desde la atención primaria”, dice Marcia Olhaberry.
Por su parte, la profesora Errázuriz agrega que “sabiendo el altísimo costo subjetivo y económico que significa para nuestro país, no es posible que solo se destine un 2% del presupuesto total de salud a salud mental. Sabemos qué se necesita hacer y dónde hay que hacerlo. Hay buenos profesionales, pero no están los recursos… La mayoría de las personas que necesitan tratamiento no tienen su salud mental cubierta. Y una prestación como la psicoterapia, donde hay mucha evidencia científica que avala su efectividad, está totalmente subutilizada. Hoy, una persona en el sistema público que necesita psicoterapia, con suerte tendrá una sesión una vez al mes. Cuando sabemos que es necesario que las sesiones sean ojalá una vez a la semana”, señala Errázuriz.
La investigadora agrega que seguir el ejemplo de algunos países que han posicionado la temática de la salud mental como una de sus prioridades en sus políticas públicas va en línea de lo que se debe hacer. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ley en que la cobertura de salud física no puede ser distinta a la de salud mental. Esto porque, de acuerdo a la especialista, la discriminación que sufren las personas con problemas de salud mental no es solo la que pueden experimentar de parte de los pares, empleadores, o personas que les miran mal o tratan mal por prejuicios. “Existe una discriminación gigantesca en términos de cobertura. La gran mayoría de las patologías cubiertas por el Plan AUGE no son de salud mental. Son muy pocas las enfermedades cubiertas. Y, en el sistema privado, la cobertura también es casi nula si la comparamos con la cobertura que tienen las enfermedades físicas. En ese sentido, es muy positiva la nueva ley de salud mental, que prohíbe a las isapres tener menor cobertura que en salud física”.
De esta manera, el aumento del número de patologías cubiertas por el Plan AUGE/GES es otra de las prioridades que debería ser considerada en un nuevo gobierno. En la misiva, escrita por los investigadores e investigadoras del MIDAP se plantea la necesidad de incrementar las prestaciones, priorizando especialmente las patologías mentales y las atenciones en salud mental infanto-juvenil.
El escenario post pandemia
A casi tres años de la llegada del Covid-19, las consecuencias que va a dejar son aún inciertas. Sin embargo, nadie puede desconocer que el adaptarse a este nuevo contexto de crisis sanitaria, en el que el trabajo remoto, la educación a distancia y el distanciamiento físico han sido parte de la vida cotidiana, ha sido un duro golpe para la salud mental de las personas.
Así ha quedado en evidencia en el último informe del Termómetro de la Salud Mental en Chile. El estudio, realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), muestra que un 33% de los chilenos entre 21 y 68 años manifiesta síntomas asociados a problemas de salud mental. Mientras que un artículo publicado en la revista Lancet, en el que se analizaron datos de 204 países, da cuenta que los trastornos depresivos habrían aumentado un 27,6% y los de ansiedad en un 25,6% en pandemia. A esto se suma que “los estudios nacionales en niños, niñas y adolescentes muestran una prevalencia de trastornos mentales del 38%, con un 43% en niñ@s entre 4 y 11 años y un 33% en adolescentes (12 a 18 años). Y la mitad de los adultos con trastornos mentales reporta haber presentado diagnósticos en salud mental durante la infancia y ausencia o insuficiencia de tratamiento terapéutico”. Lo que da cuenta de la necesidad de la intervención de forma temprana en salud mental. De hecho, un reporte de Políticas Públicas para la primera infancia, desarrollado por la Universidad de Harvard, “señala que las intervenciones dirigidas a niñ@s expuestos a experiencias adversas en contextos de mayor vulnerabilidad, es uno de los factores clave para el éxito de los programas focalizados en la infancia y la reducción del gasto en salud”.
Un panorama que por supuesto preocupa, pero en el que ambas especialistas coinciden que, tras la llegada de la pandemia, finalmente el tema de la salud mental comenzó a discutirse de manera más visible. Pese a que lamentablemente esto no se ha visto reflejado en los programas de los candidatos que postulan a la presidencia del país. Son pocos los programas que hablan de lo que será el abordaje de la salud mental en sus futuros gobierno. “Porque no solo deben hablar de lo que se puede hacer, sino de cómo se va a financiar. Ahí estamos al debe. Falta detalle”, dice la profesora Marcia Olhaberry.
Si bien la mayoría de las personas en las crisis tiende a sobreponerse y a recuperarse, y el malestar no es sinónimo de problemas de salud mental, hay que tomar en cuenta que en Chile “ya había graves problemas de cobertura y de atención , por lo que la pandemia puede recrudecer aún más esos trastornos e incrementar el malestar”, dice Olhaberry. De ahí el llamado a que los candidatos se pronuncien, de manera más clara en esta materia. Por último, la profesora Paula Errázuriz señala que hay que considerar que factores como la inestabilidad política y económica, también afectan la salud mental. “Entonces, estamos saliendo de la pandemia, pero nos quedan otros factores que también tienen injerencia en la salud mental y que hacen que sea más probable que tengamos una cierta fragilidad”.
Texto: Andrea Fuentes, Comunicaciones EPUC.
Fecha: 18 de noviembre 2021